Reimaginar la seguridad pública

En 2018 marchamos en Pittsburgh, en el Juneteenth en protesta tras la muerte de Antoine Rose, que recibió un disparo en la espalda mientras era detenido por la policía. Esperábamos que hubiera cambios sustanciales tras el malestar, el dolor y la ira que llenaron nuestras calles. No se produjo ninguno.

Ahora, el asesinato de George Floyd vuelve a poner a prueba nuestra determinación de reforma. Personas de toda condición han convergido en las ciudades estadounidenses para declarar simplemente "Black Lives Matter" (Las vidas de los negros importan).

Debemos reimaginar la seguridad pública, eliminar lo que no funciona, perfeccionar lo que sí funciona e invertir en áreas más adecuadas para responder a las diversas necesidades de nuestras comunidades.

Esta semana, las comisiones de Justicia y Asuntos Jurídicos del Senado celebrarán una audiencia de dos días sobre las reformas de la seguridad pública que se van a estudiar. He presentado dos proyectos de ley, uno para acabar con el uso de las llaves de estrangulamiento y métodos similares que pueden provocar lesiones y la muerte. La segunda eliminará la posibilidad de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley adquieran armas de tipo militar, incluidos gases lacrimógenos, directamente del gobierno federal.

Prohibición de las llaves de estrangulamiento y la asfixia postural

Presentada por el Senador Sharif Street 

Las muertes de George Floyd y Eric Garner, que murieron a manos de la policía utilizando métodos cuestionables de restricción, ha dejado claro que tenemos que prohibir las llaves de estrangulamiento de cualquier tipo. Aunque muchos departamentos han prohibido las llaves de estrangulamiento, esto no ha impedido su uso. Además, a muchas fuerzas de seguridad y personal sanitario se les enseña a evitar sujetar a las personas de una forma que pueda provocar asfixia postural.

La Asociación de Jefes de Policía acredita a los cuerpos de seguridad de Pensilvania. En 2001, la Asociación introdujo el proceso de acreditación de las fuerzas del orden de Pensilvania para los departamentos de policía, con el fin de crear prácticas policiales normalizadas entre los organismos acreditados. Este tipo de restricciones están prohibidas para los departamentos acreditados. Sin embargo, según la Comisión de Delincuencia y Crimen de Pensilvania, sólo 118 de los más de 1.000 cuerpos de seguridad del Estado están acreditados.

Nuestra legislación prohibiría el uso de la llave de estrangulamiento estándar y definiría la asfixia posicional como cualquier acción que inhiba la respiración o el flujo de sangre al cerebro debido a la posición física.

Desmilitarizar las fuerzas del orden

Presentada por los senadores Sharif Street y Katie Muth

Durante las últimas tres décadas, las fuerzas del orden han tenido acceso casi ilimitado a material militar federal. El uso de este material militar ha abierto una brecha significativa entre nuestras comunidades y los departamentos que han jurado protegerlas. Esto ha tenido consecuencias mortales para las personas de color y ha impedido el ejercicio de los derechos constitucionales en todo el país.

Debemos prohibir el acceso a determinados equipos militares y, al mismo tiempo, prever la participación de la comunidad local en otras adquisiciones de equipos militares. Nuestra legislación crearía una lista de equipos militares prohibidos y exigiría a los órganos de gobierno locales que voten para aprobar cualquier otra compra de programas de suministro militar. También exigiría que esta información se pusiera a disposición del público.

El gobernador Wolf firma los proyectos de reforma de la policía

legislación

SB 458 - Formación y responsabilidad

Presentado por el Senador Jay Costa

Mejoras de la Comisión de Educación y Formación de Agentes de Policía Municipal:

  • Exigir nuevos elementos de formación para el uso de la fuerza letal, la actuación policial orientada a la comunidad, los métodos de desescalada, la interacción con comunidades diversas y la prevención de prejuicios. En la actualidad, todos estos elementos son obligatorios en cierta medida, pero hay que hacer más. También es necesario exigir que cada uno de estos elementos se incluya en los cursos de formación continua.
  • Creación de una base de datos para exigir a los municipios que comuniquen y hagan un seguimiento de la información penal, disciplinaria y de investigación de cada agente de policía municipal para su uso por futuros departamentos de policía contratantes.
  • Mejora de los exámenes psicológicos de los agentes que solicitan la certificación MPOETC.
  • Desarrollo de directrices mínimas para que los municipios adopten para formar y dirigir departamentos de policía.

SB 482 - Mejora de la remuneración de la policía

Presentado por el Senador Jim Brewster

Esta legislación mejoraría las oportunidades y la remuneración de los policías a tiempo parcial. Los agentes están a menudo sometidos a un estrés inimaginable, en parte porque se les exige demasiado en trabajos que de por sí son muy estresantes. Tenemos que dedicar más recursos a mejorar las condiciones de trabajo y reducir las posibilidades de que los agentes tengan que pluriemplearse.

SB 472 - Programa de Incentivos y Estudio de la Policía Regional

Presentado por el Senador Jim Brewster

En relación con la cuestión de los bajos salarios y el estrés policial está la escala a la que funcionan muchos departamentos de policía. Muchas comunidades se ven obligadas a trabajar con agentes a tiempo parcial, que a su vez deben tener varios empleos para llegar a fin de mes. Una medida que puede adoptarse para superar esta situación es ofrecer incentivos a los departamentos para que se fusionen o consoliden a escala regional o de condado. El estado debería proporcionar un programa de incentivos en forma de subvenciones para ayudar en la planificación, las decisiones sobre las instalaciones, los requisitos de equipamiento y los costes operativos asociados a la regionalización. Esto proporcionará una escala más amplia para la contratación de policías con mejores salarios, aumentará el acceso de los departamentos a las comunidades minoritarias para la contratación y mejorará la profesionalización de los agentes.

Además del programa de subvenciones, presentaremos una resolución en la que pediremos a la Comisión Legislativa de Presupuesto y Finanzas que estudie el ahorro de costes, la financiación de las declaraciones de impacto racial y los obstáculos a la regionalización de los departamentos encargados de hacer cumplir la ley.

Consejo de Supervisión Profesional y Elaboración de Políticas

Presentado por el Senador Jay Costa

Muchas profesiones en Pensilvania están supervisadas por consejos de licencias profesionales que tienen autoridad para conceder licencias, suspender, multar, revocar y sancionar a las personas con licencia. También se encargan de crear políticas y directrices para el desarrollo profesional y de garantizar que los profesionales del sector estén acreditados y hayan alcanzado un nivel adecuado de práctica. Tenemos que crear un consejo similar para asegurarnos de que la policía es supervisada día a día por un tercero neutral, ofrecer al público un lugar al que dirigirse para presentar quejas y garantizar que la policía tiene políticas básicas que seguir y está obligada a seguir una formación continua para conservar su certificación policial.

Muchos municipios y departamentos de policía de Pensilvania carecen de políticas satisfactorias que guíen las actuaciones policiales, incluidas las relativas al uso de la fuerza letal y la interacción con la comunidad. Nuestra legislación exigirá a la junta que proporcione a los municipios y departamentos de policía un requisito para aplicar las mejores prácticas, incluida la orientación sobre su desarrollo del uso de la fuerza letal y las normas de relaciones con la comunidad.

Mejorar las normas sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad

Presentado por el Senador Art Haywood

La legislación abordaría el uso de la fuerza necesaria y dispondría lo siguiente:

  • Apoyar las tácticas de desescalada y de fuerza no letal mediante la creación de una norma para el uso razonable de la fuerza por parte de los agentes de la paz;
  • Los agentes de la paz sólo pueden usar la fuerza letal cuando crean que es razonablemente necesario para defender su vida o la de otra persona de una muerte inminente, lesiones corporales graves, secuestro o relaciones sexuales forzadas.

 

8 No puedo esperar

Presentada por el Senador Vincent Hughes

La propuesta crearía una norma más explícita y justa para el uso de la fuerza por la policía siguiendo ocho políticas recomendadas. Esta norma incluiría:

  • Exigir el agotamiento de todas las alternativas razonables antes de usar la fuerza;
  • Exigir que se informe del uso de la fuerza, incluso cuando se haya amenazado con usarla pero no se haya hecho;
  • Prohibición de las llaves de estrangulamiento;
  • Establecer un continuo de uso de la fuerza que limite el tipo de fuerza y armas que pueden utilizarse para tipos específicos de resistencia;
  • Exigir el uso de medidas de desescalada antes del uso de la fuerza;
  • Establecer el deber de intervenir y detener el uso excesivo de la fuerza por parte de otro agente, así como de informar inmediatamente de los incidentes a un supervisor;
  • Prohibir disparar a un vehículo en movimiento; y,
  • Exigir una advertencia previa al uso de la fuerza letal.

Refuerzo y financiación de la vigilancia policial civil municipal

Presentada por el Senador Anthony H. Williams

Las fuerzas del orden existen para proteger y servir a las comunidades que vigilan. Esas comunidades deben tener más voz en la forma en que se presta ese servicio.

Nuestra legislación reforzaría las comisiones asesoras de la policía concediéndoles la supervisión de las políticas, procedimientos y órdenes del departamento, así como la autoridad para revisar todos los incidentes de uso de la fuerza o de mala conducta policial. El Estado financiaría al menos el 1% del presupuesto de los departamentos locales a los ayuntamientos que adoptaran medidas estrictas de supervisión civil, incluida la capacidad de despedir o sancionar a cualquier agente por motivos justificados.

SB 459 - Cambiar la norma para la policía el uso de la fuerza letal

Presentado por el Senador Jay Costa

La ley actual permite que las fuerzas del orden utilicen la fuerza letal si el agente cree que es necesario para evitar la muerte o lesiones graves, cuando una persona se resiste a ser detenida, cuando la persona ha cometido un delito a la fuerza, cuando una persona intenta escapar y posee un arma letal, o cuando una persona indica que va a hacer daño a otra persona. Creemos que esto es demasiado amplio. Proponemos limitar las circunstancias en las que puede utilizarse la fuerza letal a los casos en los que exista una amenaza inmediata de muerte o lesiones corporales para un agente u otra persona.

Sin consentimiento durante la custodia

Presentada por los Senadores Katie Muth, Maria Collett, Tim Kearney, Steve Santarsiero y Lindsey Williams

En Pensilvania, un agente de policía que agrede sexualmente a una persona detenida puede utilizar el consentimiento sexual de ésta como defensa ante un tribunal. Mientras que la ley estatal prohíbe las relaciones sexuales consentidas entre funcionarios de prisiones y reclusos y entre trabajadores de la salud mental y pacientes, no existe tal protección para una persona detenida o interrogada por agentes sobre el terreno. Todos los contribuyentes tienen derecho a esperar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley actúen con eficacia e integridad.

Tenemos que cerrar esta peligrosa laguna legal en la ley de agresiones sexuales de Pensilvania para proteger mejor a todas las mujeres, hombres y niños de nuestra mancomunidad.

Nuestra legislación ampliaría la definición de agresión sexual institucional de Pensilvania para incluir a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a cualquier persona bajo su custodia. Al hacerlo, eliminaría el consentimiento sexual como defensa, convirtiendo cualquier contacto sexual entre un agente y una persona bajo custodia en un delito grave de tercer grado.

Exigir juntas civiles de revisión policial

Presentada por el Senador Wayne Fontana

Se ha argumentado ampliamente que la participación ciudadana en la formulación de políticas gubernamentales produce muchos beneficios, incluyendo una mayor confianza en las operaciones gubernamentales. Esta legislación exigirá que todos los condados de la Commonwealth creen una junta civil de revisión de la policía para supervisar los departamentos de policía locales. Al igual que el papel que desempeña un jurado en un juicio, una junta de revisión independiente permitirá al pueblo decidir cuándo se han producido actuaciones injustificables por parte de la policía en lugar de una investigación interna. Este proceso garantizará una mayor transparencia al otorgar a un grupo imparcial de personas la capacidad de determinar si es necesario iniciar un procedimiento penal.

SB 611 - Fiscal Especial

Presentado por el Senador Art Haywood

Nuestro sistema de justicia penal está concebido para ser imparcial y para que los fiscales desempeñen sus funciones libres de conflictos personales o profesionales. Tenemos una legislación que sacaría la revisión y el enjuiciamiento de los incidentes de fuerza letal a manos de agentes de policía de la jurisdicción del fiscal de distrito local y lo pondría en manos de un fiscal especial.

Nuestro proyecto de ley exigiría que el Fiscal General nombrara a un fiscal especial siempre que se produjera un incidente de fuerza letal en el que estuviera implicado un agente de policía. El fiscal especial actuaría como fiscal imparcial y eliminaría el conflicto percibido que un fiscal de distrito podría tener al procesar a un agente de policía local.

Nuestro proyecto de ley no pretende castigar a un agente por cumplir con su deber. Simplemente pretende proporcionar una revisión neutral de un caso cuando una persona muere a manos de un agente de policía y restablecer la debilitada confianza pública en nuestro sistema judicial. Es de esperar que los fiscales y la policía compartan una estrecha relación y tengan que trabajar cohesionados. Esta relación suele ser productiva y es importante para luchar contra la delincuencia. Sin embargo, a los ojos de muchos ciudadanos, cuando un agente se ve implicado en un posible delito, esta relación puede enturbiar al investigador.

Denuncias falsas de "actividad delictiva" basadas en la raza o la etnia

Presentada por el Senador Vincent Hughes

Durante la semana pasada, personas y comunidades de toda la Commonwealth se han manifestado en protesta por los asesinatos de personas negras y morenas desarmadas en todo el país. Por desgracia, la mayoría de las veces, la policía es llevada a estas situaciones por alguien que denuncia una "actividad delictiva".

Ser negro no es un delito. Ser moreno no es delito.

En virtud de esta legislación, una persona que denuncie una "actividad delictiva" basándose únicamente en la raza o etnia de un individuo se considerará que presenta una denuncia falsa en virtud del Título 18. Un individuo que presente un informe criminal falso basado únicamente en la raza o etnia de un individuo sería calificado como delito menor de primer grado.

Declaraciones de impacto racial

Presentada por los senadores Vincent Hughes y Maria Collett

Con demasiada frecuencia, los responsables políticos debaten y revisan la legislación en el vacío. Nuestro trabajo tiene repercusiones graves y sistémicas en las comunidades minoritarias. Debemos saber cómo nuestras políticas de justicia penal y de imposición de penas pueden exacerbar las disparidades a las que ya se enfrentan las personas de color en nuestro estado.

Un informe de 2016 del Sentencing Project identificó tres explicaciones recurrentes de las disparidades raciales en el encarcelamiento estatal: políticas y prácticas; prejuicios y estereotipos implícitos; y desventajas estructurales. Creemos que las declaraciones de impacto racial proporcionarían un mecanismo eficaz para analizar el verdadero alcance y las ramificaciones imprevistas de nuestras propuestas.

Reforzar la protección del embargo civil de bienes

Presentada por el Senador Anthony H. Williams

El decomiso de bienes como dinero en efectivo, automóviles y propiedades se produce actualmente como procedimiento civil contra la propiedad en cuestión, lo que permite incautar bienes a los propietarios independientemente de si han sido condenados por un delito para el que el decomiso es un recurso legal prescrito. Esto ha provocado un aumento de los casos de decomiso en todo el país como alternativa a los procedimientos penales, en los que la carga de la prueba es mucho mayor y los acusados gozan de las debidas garantías procesales. El sistema resultante permite que los propietarios se vean privados de sus garantías procesales, perdiendo sus casas y otros objetos de valor sin haber sido acusados nunca de un delito.

No sólo se enreda a propietarios inocentes en este arcaico proceso legal, sino que también existe un incentivo perverso para que los fiscales y los departamentos de policía sigan utilizando el decomiso civil como alternativa al sistema de justicia penal. Según la ley actual, el dinero en efectivo y el producto de los bienes vendidos deben transferirse al fondo de operaciones del condado, pero luego se devuelven inmediatamente a la oficina del fiscal del distrito. Aunque este dinero puede gastarse en programas comunitarios de prevención de drogas y contra la violencia, la mayoría de las veces se destina a salarios y equipamiento de la policía y la fiscalía.

Esta legislación abordaría los mayores problemas que aún rodean al decomiso civil, exigiendo una condena penal conexa del propietario antes del decomiso y devolviendo el producto del decomiso al fondo general de los condados, o al Estado en los casos en que el Fiscal General de Pensilvania haya llevado el caso. Estas dos reformas deberían poner fin a los abusos del estatuto de confiscación civil y, en su lugar, devolver la práctica a su propósito original: confiscar las ganancias mal habidas de delincuentes profesionales condenados.

El senador Street sobre la justicia racial

El asesinato de George Floyd no debe quedar impune

El asesinato de George Floyd no debe quedar impune

We are a nation of laws. It is often said that “Justice delayed is justice denied”. Clearly, this is a sentiment shared by the family of George Floyd and many people in Minnesota, as well as across this nation and world. Our frustration and anger are warranted as this...

Seguir leyendo

Declaración de los demócratas del Senado de Pensilvania sobre la equidad racial

Como muchos de ustedes, en el Grupo Demócrata del Senado de Pensilvania estamos luchando con la muerte de George Floyd y trabajando para entender qué es la equidad y cómo la entienden las distintas personas. Los sucesos de Minneapolis representan, por desgracia, un patrón de incidentes violentos derivados de la incomprensión fundamental de lo que significa la equidad: desde el linchamiento de Emmett Till hasta la paliza a Rodney King, pasando por los tiroteos de Breonna Taylor, Tamir Rice y Trayvon Martin. Todos ellos fueron víctimas de una sociedad injusta y desigual que no ve la humanidad de cada persona, independientemente de su raza o etnia.

Como nación, nunca seremos capaces de ofrecer equidad o justicia a una familia o a una comunidad si no comprendemos su experiencia vivida. Sintiendo la misma indignación moral tras presenciar múltiples sucesos similares en los últimos años, muchos de nosotros nos unimos a ustedes en las calles para protestar pacíficamente y llamar a la acción. Lamentablemente, muchos de nosotros también hemos sido testigos de cómo estas concentraciones pacíficas y constitucionales se tornaban oscuras, al ser suplantados los mensajes de paz y unidad por personas que buscaban sembrar el caos y la discordia. Hemos condenado el robo y el vandalismo al tiempo que protegíamos nuestros propios hogares y comunidades.

Nadie que crea en la equidad de los seres humanos puede justificar lo que le ocurrió a George Floyd, ni la respuesta desproporcionada con la que se respondió a muchas protestas pacíficas en los últimos días. Tampoco puede estar en desacuerdo nadie que haya examinado el estado de nuestra unión en los últimos años con que se ha permitido que la desigualdad racial supure y crezca en todo el país. Desde la aplicación de la ley hasta la educación y la sanidad, no se puede permitir que las instituciones de gobierno cierren voluntariamente los ojos ante la difícil situación de los demás. Sabemos que el racismo, los prejuicios y la intolerancia no tienen cabida en la política pública, y debemos actuar como tales. Este momento de tragedia nos ha dado otra oportunidad para desmantelar y reemplazar los mecanismos que perpetuamente conducen a resultados negativos para tantos. Los demócratas del Senado de Pensilvania siguen persiguiendo agresivamente el cambio legislativo para lograr la equidad frente a la injusticia. Nuestra humanidad nos sacará de este momento de profundo dolor, y podemos avanzar hacia un futuro en el que todos sean tratados con la dignidad que merecen.